Documentos de la CIA prueban la proximidad de Piñera a Pinochet y la vinculan con su enorme fortuna
El pasado del candidato presidencial de la derecha al descubierto
Los documentos que el periódico "El Siglo" pone hoy en conocimiento de la ciudadanía, muestran no sólo la pertenencia de Sebastián Piñera Echenique al entorno más inmediato y cercano a Augusto Pinochet, sino confirman la relación directa entre esa condición de afinidad y el origen de su fortuna.
Los documentos de la CIA muestran no sólo el nivel de influencias, incluyendo una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema, sino también la operación de inteligencias que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.
El primero de los documentos es una recopilación de antecedentes y un análisis sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que lleva el número WSA/Was/3215B, registra entrada de datos los años 1975, 1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita, actos todos relacionados con la intervención y liquidación del Banco de Talca, en 1982.
El documento informa que el padre de Piñera, José Piñera Carvallo, era colaborador de la CIA desde 1965, y que José Piñera Echeñique, hermano de Sebastián, quien se desempeñó como Ministro del Trabajo y de Minería era colaborador directo y analista financiero de la familia Pinochet.
A continuación viene un listado de empresas ficticias constituidas para recibir créditos del Banco de Talca y “comprar acciones del propio banco”. El documento atribuye la autoría intelectual de esa asociación ilícita a José Piñera Echeñique, Carlos Massad y Sebastián Piñera Echeñique.
Agrega que en virtud de ella, se crearon cerca de ochenta empresas ficticias que “utilizaban beneficios que otorgaba el Banco central de Chile para sus exportadores”. Entre las empresas, menciona a Infinco, Inversiones Río Claro, Indac, Inversiones Sevilla, Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde, Forestal Los Lirios y Financiera Condell, entre otras. En conexión con el lavado de activos, aparecen mencionadas Calaf S.A.C.I., Lan Chile, Bancard, Fincard y Aerolíneas Escandinavas, SAS.
Miguel Calaf y Alberto Danioni, piezas claves junto con Sebastián Piñera, de la asociación ilícita para defraudar al Banco de Talca, estuvieron varios meses detenidos en Capuchinos y finalmente fueron condenados a tres años de cárcel por el magistrado Correa Bulo, sentencia ratificada en todas las instancias por las cortes superiores, incluido el recurso de casación.
De acuerdo con el número 1 del documento, el Jefe de la CIA en Santiago informa de la reunión que sostuvo el Ministro Consejero para Asuntos Latinoamericanos, George Jones, con José Piñera Carvallo, padre de Sebastián y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera.
El número 2 informa que en dicha reunión se estableció una “acción de contrainteligencia”, eufemísticamente denominada “neutralización”, consistente en sacar del país a Sebastián Piñera y su trasladado vía Argentina y México.
El documento agrega que esa “colaboración” fue ordenada por Aguila 1, denominación en clave que designa al Embajador de Estados Unidos en Santiago, cargo que en ese entonces desempeñaba el conservador James Theberge, y que para ella se recurrió a Fernando Quijano.
Quijano, de nacionalidad mexicana, aparece vinculado no sólo a organizaciones de ultraderecha, sino también a redes neofascitas, tales como la Junta Internacional de Comités Laborales, el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, MSIA, y la Unión Nacional Sinarquista.
Los números de rol 428-82 y 430-82, corresponden a los recursos de amparo presentados por Sebastián Piñera, Carlos Massad y Emiliano Figueroa en contra de la resolución del juez Luis Correa Bulo, que los encargó reos como autores del delito de Defraudación al Banco de Talca y otros ilícitos.
El 8 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, por dos votos, de los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, contra uno, del Ministro Enrique Zurita.
El voto de mayoría estableció que “el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal".
El origen de la trama remonta al 2 de noviembre de 1981, fecha en que el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, debido a que se encontraba en estado cesación de pagos, con una deuda con el Banco Central cercana a los 40 millones de dólares. La causa rol Nº 99.971-6, del 20 de mayo de 1982, fue iniciada por una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, contra los socios controladores y quienes resultaran responsables de los ilícitos que precipitaron la intervención y posterior liquidación del banco.
Detalles pormenorizados del proceso, que dicho sea de paso, se encuentra desaparecido desde el Archivo Judicial, fueron suministrados por el diario La Nación el 19 de abril pasado.
Nota: El Siglo tiene en su poder los facsímiles de los documentos desclasificados de la CIA que pueden ser solicitados si les interesa.
Recordamos que, a raíz de estas denuncias, el periodista Francisco Herreros fue amenazado de muerte el 24 de junio pasado por un "Comando Vengadores 11 de Septiembre".
Los documentos de la CIA muestran no sólo el nivel de influencias, incluyendo una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema, sino también la operación de inteligencias que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.
El primero de los documentos es una recopilación de antecedentes y un análisis sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que lleva el número WSA/Was/3215B, registra entrada de datos los años 1975, 1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita, actos todos relacionados con la intervención y liquidación del Banco de Talca, en 1982.
El documento informa que el padre de Piñera, José Piñera Carvallo, era colaborador de la CIA desde 1965, y que José Piñera Echeñique, hermano de Sebastián, quien se desempeñó como Ministro del Trabajo y de Minería era colaborador directo y analista financiero de la familia Pinochet.
A continuación viene un listado de empresas ficticias constituidas para recibir créditos del Banco de Talca y “comprar acciones del propio banco”. El documento atribuye la autoría intelectual de esa asociación ilícita a José Piñera Echeñique, Carlos Massad y Sebastián Piñera Echeñique.
Agrega que en virtud de ella, se crearon cerca de ochenta empresas ficticias que “utilizaban beneficios que otorgaba el Banco central de Chile para sus exportadores”. Entre las empresas, menciona a Infinco, Inversiones Río Claro, Indac, Inversiones Sevilla, Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde, Forestal Los Lirios y Financiera Condell, entre otras. En conexión con el lavado de activos, aparecen mencionadas Calaf S.A.C.I., Lan Chile, Bancard, Fincard y Aerolíneas Escandinavas, SAS.
Miguel Calaf y Alberto Danioni, piezas claves junto con Sebastián Piñera, de la asociación ilícita para defraudar al Banco de Talca, estuvieron varios meses detenidos en Capuchinos y finalmente fueron condenados a tres años de cárcel por el magistrado Correa Bulo, sentencia ratificada en todas las instancias por las cortes superiores, incluido el recurso de casación.
De acuerdo con el número 1 del documento, el Jefe de la CIA en Santiago informa de la reunión que sostuvo el Ministro Consejero para Asuntos Latinoamericanos, George Jones, con José Piñera Carvallo, padre de Sebastián y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera.
El número 2 informa que en dicha reunión se estableció una “acción de contrainteligencia”, eufemísticamente denominada “neutralización”, consistente en sacar del país a Sebastián Piñera y su trasladado vía Argentina y México.
El documento agrega que esa “colaboración” fue ordenada por Aguila 1, denominación en clave que designa al Embajador de Estados Unidos en Santiago, cargo que en ese entonces desempeñaba el conservador James Theberge, y que para ella se recurrió a Fernando Quijano.
Quijano, de nacionalidad mexicana, aparece vinculado no sólo a organizaciones de ultraderecha, sino también a redes neofascitas, tales como la Junta Internacional de Comités Laborales, el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, MSIA, y la Unión Nacional Sinarquista.
Los números de rol 428-82 y 430-82, corresponden a los recursos de amparo presentados por Sebastián Piñera, Carlos Massad y Emiliano Figueroa en contra de la resolución del juez Luis Correa Bulo, que los encargó reos como autores del delito de Defraudación al Banco de Talca y otros ilícitos.
El 8 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, por dos votos, de los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, contra uno, del Ministro Enrique Zurita.
El voto de mayoría estableció que “el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal".
El origen de la trama remonta al 2 de noviembre de 1981, fecha en que el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, debido a que se encontraba en estado cesación de pagos, con una deuda con el Banco Central cercana a los 40 millones de dólares. La causa rol Nº 99.971-6, del 20 de mayo de 1982, fue iniciada por una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, contra los socios controladores y quienes resultaran responsables de los ilícitos que precipitaron la intervención y posterior liquidación del banco.
Detalles pormenorizados del proceso, que dicho sea de paso, se encuentra desaparecido desde el Archivo Judicial, fueron suministrados por el diario La Nación el 19 de abril pasado.
Nota: El Siglo tiene en su poder los facsímiles de los documentos desclasificados de la CIA que pueden ser solicitados si les interesa.
Recordamos que, a raíz de estas denuncias, el periodista Francisco Herreros fue amenazado de muerte el 24 de junio pasado por un "Comando Vengadores 11 de Septiembre".
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